Debería ser delito que los gobernantes democráticamente elegidos en función de un programa político de partido se fueran de excursión y aplicaran medidas que ellos mismos reprobaban cuando estaban en la oposición.
Si yo vendo a una persona algo diferente a lo que anuncio, cometo una estafa. Si un político aplica un programa distinto al que vendió para ser elegido, no es una estafa a los electores, es que no tiene más remedio que salirse de las vías que él mismo diseñó. ¿Alguien sabe qué significa «igualdad»?
La palabra «traición» resuena con esto, pero un político no puede ser un traidor porque renuncie a sus principios, es simplemente un oportunista o un sinvergüenza o alguien que no tiene palabra (lo que últimamente define bien a un político aunque para completar la definición habría que incluir «o un corrupto») pero nunca un traidor, aunque en mi opinión, haya estafado a todos sus electores. E insisto, la estafa es un delito.
La tasa Tobin que grava las transacciones financieras se suma a otro proyecto que pretende aplicar un impuesto de circulación extraordinario a todos los vehículos, rueden o estén aparcados en un garaje, que se sumará al impuesto municipal de circulación que ya tenemos. Y el «Think Tank» del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sigue diseñando nuevas herramientas fiscales para incorporar a la famosa «caja de herramientas» con la que nos amenazó´hace unos días el Excmo. Sr. Montoro.
Me gustaría denunciar públicamente a nuestros Excmos. Gobernantes porque detecto un ánimo de querer destruir la industria nacional, la empresa española, al autónomo de a pie y la economía familiar (pero no a la gran banca, claro está, motor de la economía según ellos, aunque sea el vertedero de las miserias que nos ha llevado a esta situación.) Observo un ánimo de causar daño a terceros cuando el chorreo de impuestos es tal que provoca el cierre de los negocios, desencadena la quiebra personal o limita gravemente la capacidad de una familia de salir adelante. Y por otro lado, inevitablemente contribuye al fraude fiscal, lo que debería estar tipificado como delito en nuestro ordenamiento jurídico.
Anticipé hace algunos posts un impuesto personal por el derecho a caminar por las calles de nuestras ciudades y pueblos; el de los vehículos ya está cociéndose pero éste, seguro que es una de las herramientas adicionales de la misteriosa caja de excrementos de Su Excelencia.
Y veremos un IVA al 25%. Hay muchos peajes políticos que pagar.
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