Como son otra especie diferente al común de los mortales, sus Señorías trabajan mejor teniendo a mano un Gin-Tonic o un Bloody Mary baratito (3.45 euros).
En nuestros centros de trabajo, las bebidas alcohólicas están prohibidas desde hace muchos años, por obvias razones. En el Congreso y en el Senado, no.
Es más, todos los ciudadanos aportamos dinerete para que sus Señorías no tengan que pagar por ellas en el Congreso y en el Senado (¿alguien puede decirme para qué sirve el Senado?) lo que todos pagamos en la calle.
Después del revuelo de ayer ante esta noticia, la portavoz del PSOE, la ciudadana Soraya Rodríguez, comentó que no consideraba necesario eliminar el despacho de bebidas destiladas. El PP ni se ha pronunciado, que es más barato. IU, UPyD y ERC sí han indicado su disposición a terminar con esta burrada alcohólica, aunque podían haberlo hecho antes del revuelo y no como consecuencia del mismo a ver si cazan votos.
Quiero dejar claro que no estoy impulsando una especie de ley seca en absoluto. Me gusta el alcohol y además de que sienta bien en pequeñas cantidades y es saludable, es un factor de cohesión social excepto cuando uno se excede con él. Estamos consiguiendo eliminarlo de la dieta del conductor poco a poco y yo haría lo mismo con nuestros representantes políticos: pondría un control de alcoholemia en la salida de la cafetería al resto del complejo del congreso y ¡zaca! ¡Señor Diputado (o Señora Diputada), usted ha superado el nivel máximo de alcohol permitido para representar a los ciudadanos y será usted sancionado con 960 euros de multa y la retirada de alguna de sus prebendas oficiales!
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